Había que decir algo

Al señor Albert Soler solo lo conozco personalmente de dos reuniones y de coincidir en algunos eventos relacionados con el ámbito deportivo, que es el nuestro desde siempre; no obstante, lo que sí comparto es una historia común como tantos profesionales de la gestión deportiva y, por tanto, una indignación común al ver esta sentencia del Tribunal Supremo y las consideraciones que leo en las noticias que hacen referencia a la misma y a la argumentación de quien recurrió el nombramiento, que dicen cosas como transcribo a continuación:

“Donde termina la estructura política (ministros y secretarios de estado) empieza el nivel de la administración fija, al que se debe de acceder por los principios de mérito y capacidad, cumpliendo el requisito de destinarlos a funcionarios de carrera del grupo a-1 como garantía de los derechos de los ciudadanos”, subraya este letrado.

Sánchez Lambás manifiesta que el grupo a-1 de funcionarios es muy amplio, con profesionales muy cualificados, por ejemplo, catedráticos de universidad, jueces y magistrados, abogados del estado, inspectores de hacienda, de trabajo, interventores, por lo que le sorprende que “siendo tan generosa y variada la oferta disponible, se acuda fuera de ella haciendo de la excepción una regla general”.

Afirma que esta sentencia es “muy importante para el estado de derecho y calidad de la democracia”.

Cuando leo las razones que sostiene el ponente y veo que se alude a que en el subgrupo A1 hay personas muy reputadas: catedráticos, jueces, abogados del estado, inspectores de hacienda…, me pregunto: ¿qué quiere decir?; ¿que esos reputados perfiles son más adecuados para la Dirección General de Deportes que el currículum profesional que presenta Albert Soler?; ¿quiere decir que solo los funcionarios pueden acreditar mérito y capacidad?; ¿que la democracia está más segura y consolidada si alguno de los funcionarios del subgrupo A1 pasa a ocupar la Dirección General de Deportes, supongo que con experiencia en gestión deportiva?

Es importante señalar que hay también muchísimos empleados públicos con carácter laboral del grupo A que han tenido que pasar la misma oposición que los A1 con sus temas correspondientes. Que la mayor parte de los servicios públicos deportivos que se comenzaron a prestar con la llegada de los ayuntamientos democráticos se pusieron en marcha con trabajadores contratados como laborales. Que esos empleados públicos laborales, salvo excepciones y procesos de funcionarización en algunas administraciones públicas, no han tenido acceso a “funcionarizarse” porque el sector deportivo ha estado mayoritariamente en plazas de naturaleza laboral, tan solo los docentes del sistema educativo público adquirían la condición de funcionarios (que no tiene nada que ver con la gestión).

No parece muy justo que haya todo un sector, el de la gestión deportiva, desarrollado mayoritariamente por empleados laborales en todas las categorías (tanto en la iniciativa pública como en la privada, y que son los que realmente han conseguido transformar durante los últimos 40 años el sector deportivo y llevarlo a los niveles de instalaciones y cultura deportiva que hoy disfrutamos en España) en el que se impida a esos empleados laborales acceder a los máximos órganos de la gestión, aunque demuestren, como es el caso que nos ocupa, un nivel de experiencia en el sector público suficientemente contrastado. 

Concretamente, el Sr. Albert Soler, entre otros, fue director del organismo gestor del deporte de la ciudad de Barcelona y ocupó el mismo puesto del que ahora se le rechaza, durante más de tres años hace ya una década y no ha dedicado ni un minuto de su vida laboral a otra cosa que a la gestión deportiva.

El grupo de funcionarios A1 que tiene catedráticos, abogados del estado, inspectores de hacienda, etc … ¿son de verdad las mejores opciones para gestionar el deporte si no acreditan experiencia profesional y conocimiento del sector para asegurar que un puesto de tanta relevancia está en las mejores manos en cuanto a méritos y capacidad como tal y como se reivindica?

La verdad, estamos muy cansados de ver llegar a personas totalmente ajenas al deporte a puestos de relevancia en la gestión, incluso altos funcionarios a los que se hace referencia en la sentencia, desconocedores absolutos del sistema deportivo, con resultados nefastos en su responsabilidad, ninguneando a todo el sector y a todos los trabajadores del mismo.

Pensamos que, con estas decisiones, se está discriminando a todo un sector profesional. Todos creemos en los principios de mérito y capacidad como la mejor opción para acceder a un puesto de dirección y liderazgo públicos y, en este caso, en un sector muy concreto y específico. Pero quienes legislan o interpretan las normas deberían conocer bien los ámbitos en los que están incidiendo para garantizar que sean las mejores personas las que acceden a esos puestos y no perderse en endogamias corporativas que no ayudan ni favorecen a que en determinadas áreas como deportes, pero también cultura, nuevas tecnologías, acción social, o incluso muchos sectores económicos o empresariales, no sean los mejores gestores y con la experiencia profesional suficiente quienes accedan a esos puestos directivos, como sería deseable.

Reivindicamos, con toda la fuerza que nos da la legitimidad de nuestro trabajo, el derecho de poder ascender a los máximos puestos de nuestro sector y la no discriminación de las personas que realmente nos hemos dedicado a esto como profesionales, con toda la pasión de lo que nos gusta y amamos: el deporte en todos sus ámbitos.

Había que decir algo por respeto a nosotros mismos.